La central de Almaraz podría seguir funcionando más allá de los 40 años

La central de Almaraz podría seguir funcionando más allá de los 40 años

  • El Consejo de Seguridad Nuclear abre la puerta para que las nucleares operen 60 años

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha avalado este jueves un dictamen favorable a que la central de Garoña, en Burgos, pueda operar hasta los 60 años, lo que sienta un precedente para que las otras cinco plantas activas en España -entre las que se encuentra la de Almaraz- puedan seguir funcionando más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.

Este visto bueno abre la veda para que las plantas nucleares de Almaraz, Cofrentes, Trillo, Ascó y Vandellós soliciten poder operar más allá de la fecha prevista. Todas irán cumpliendo los 40 años en los próximos años.

La siguiente que tendría que hacerlo es Almaraz, ubicada en Cáceres, la nuclear que más electricidad genera (casi el 30% del total del sector), operada por Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa, con dos reactores que entraron en funcionamiento en 1981 y 1983.

Pronunciamiento

El CSN se ha pronunciado sobre la solicitud planteada hace dos años por Nuclenor, la empresa participada por Endesa e Iberdrola que opera Garoña, para que la planta burgalesa pueda operar hasta 2031, fecha en la que se habrían cumplido más de 60 años desde su entrada en funcionamiento, en 1970.

La petición a la que el CSN ha dado respuesta no tiene antecedentes en España, en tanto que la norma hasta ahora era que una planta solicitara la renovación del permiso para operar por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad de este órgano, es decir, por un máximo de 10 años.

El máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España ha cambiado sus normas en estos dos últimos años para poder avalar una solicitud de ampliación de actividad de 14 años como la planteada para Garoña.

La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada diez años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el CSN para operar.

España adopta así una manera de proceder en esta materia similar a la francesa, de manera que los avales del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere sólo serán revocable por cuestiones de seguridad, y no atenderán a periodos fijados.

La resolución (preceptiva pero no vinculante) adoptada por el CSN no asegura que Garoña vuelva a conectarse a la red, de la que lleva desenganchada desde diciembre de 2012, ya que ahora debe ser el Gobierno quien decida autorizarlo, y Endesa e Ibedrola quienes decidan si quieren acometer las inversiones que se le exigen para el reenganche.

El dictamen del CSN no cuantifica esas inversiones, ni Nuclenor ha dado ese dato, pero expertos consultados calculan que podrían situarse en no menos de 150 millones de euros.

Le seguirían la de Cofrentes, operada por Iberdrola en la provincia de Valencia, que se conectó a la red en 1984; la de Ascó, gestionada por Endesa e Iberdrola, con dos reactores que funcionan desde 1984 y 1986; la de Vandellós, en Tarragona, con un reactor activo desde 1988 y operado por Endesa e Iberdrola; y la de Trillo (Guadalajara), conectada desde 1988.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969 -primera que operó en España- y 2006.

Legislación

La legislación española no establece un calendario de cierre de las plantas nucleares a medida que vayan cumpliendo cuarenta años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo con un párrafo que indicaba que el Gobierno "mantendría" el calendario de operación de las centrales "considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas".

Sin embargo esa cifra acabó eliminada a petición de Convergencia i Unión que sustituyó el texto anterior por otro que indica que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre en la actualidad.

Las centrales nucleares generan el 20% de la electricidad que se consume en España, y sus defensores argumentan que es energía libre de emisiones de CO2 que contribuye a la lucha contra el cambio climático, constituyendo un modo de generación de transición imprescindible hasta que se implante el uso a gran escala de tecnologías renovables.

Sus detractores invalidan esos argumentos alegando que el sector aún no ha resuelto el problema clave de qué hacer con los residuos a largo plazo, y apelando a los riesgos para las personas y el medio ambiente de un posible accidente, con referencias a los ocurridos en la Isla de las Tres Millas en EEUU, Chernobil en Ucrania, o Fukushima, en Japón.

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