El Gobierno exige compensar a las eléctricas por tres impuestos de la Junta

Por su parte, la Junta de Extremadura rechaza que los consumidores extremeños deban asumir en la factura estos pagos, tal y como reclaman las compañías, que cuentan a su favor con varias resoluciones del Tribunal Supremo.

Así las cosas, parece difícil un acuerdo para un problema que tiene sus antecedentes en el año 1997. La Ley del Sector Eléctrico estableció entonces que en el caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre impuestos estatales se podría incluir un suplemento territorial que abonarían los consumidores de esas regiones para cubrir el sobrecoste producido a la compañía.

El Ministerio de Energía prepara una orden para fijar cómo hay que calcular los suplementos a abonar

En el marco de las medidas para compensar el déficit de las eléctricas, en 2012 el Gobierno aprobó un decreto ley que eliminó el carácter opcional del suplemento territorial, que por tanto pasó a convertirse en obligatorio. Así se quiso aplicar en 2013, pero por problemas de desarrollo normativo no se pudo hacer y se desestimó. Ante estas dificultades, a finales de ese año se volvió a cambiar la ley para eliminar la posibilidad de introducir estos pagos adicionales en factura, pero durante cerca de un año estuvieron en vigor en la legislación española.

Como no se llegaron a imponer, las eléctricas recurrieron la decisión del Gobierno de no cobrar por este concepto. El Tribunal Supremo les dio la razón en dos sentencias de 2014 y 2016 y condenó al Ministerio de Industria a establecer los denominados suplementos territoriales, complementos a cobrar en cada comunidad en función de los tributos que aplique. Pero la ejecución de estos fallos presentó nuevos problemas, ya que no es fácil distinguir qué impuestos son los afectados ni tampoco qué cantidades hay que devolver a las compañías.

Ante el retraso, a finales del pasado año el Supremo apercibió al ministro de Energía para que antes del 20 de enero iniciara la tramitación de la orden correspondiente. Así lo hizo, pero alegó que sólo contaba con datos de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En marzo, el tribunal estimó que sus sentencias no se habían aplicado y dio al Gobierno tres meses para que aprobara una orden que afectara a todas las comunidades autónomas que contaron en 2013 con impuestos a las eléctricas.

Desde entonces, el Ministerio de Energía se ha dirigido a las comunidades afectadas por esta medida, entre ellas Extremadura, para exigir datos concretos sobre cuánto se cobró a las eléctricas en los meses de 2013 en los que debían haber existido suplementos territoriales. Con ese fin, en mayo solicitó información sobre los tres impuestos citados, pero la Junta replicó que ninguna sentencia del Supremo los menciona de forma concreta.

Ante los problemas para fijar el alcance real de la devolución que hay que realizar, el Gobierno ha dado un nuevo paso con la elaboración de una orden para fijar los suplementos territoriales a abonar, en la que establece la forma en la que se calculará cómo hay que compensar a las empresas. Según el proyecto de esta norma, que está en fase de exposición al público, Extremadura debe pagar por lo cobrado en 2013 por el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (ecotasa), el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero y el canon de saneamiento, ya que se considera que afectan a las actividades de transporte de energía eléctrica, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con régimen primado.

Según este proyecto, las empresas deberán solicitar a la Junta un certificado que indique cuánto abonaron por estos tributos en el año 2013. Posteriormente, será preciso fijar los suplementos territoriales concretos que deberán incluirse en los peajes contemplados en la factura de los consumidores de cada comunidad autónoma.

La Junta lo rechaza

Por su parte, la Junta de Extremadura ya ha remitido al Ministerio de Hacienda una serie de observaciones en contra de la propuesta de orden para el cálculo de los suplementos territoriales.

En ese escrito, la Dirección General de Industria, Energía y Minas señala que debe excluirse de la propuesta normativa la ecotasa. En primer lugar, recuerda que están exentas del pago de este tributo las instalaciones que empleen energía solar y las centrales de biomasa, por lo que no deberían incluirse en la orden. En segundo lugar, recalca que la ley que regula este impuesto prohíbe expresamente que se pueda repercutir a los consumidores, lo que supone una contradicción con lo que exige el Tribunal Supremo.

En cuanto al canon de saneamiento, recuerda que grava la disponibilidad y utilización del agua suministrada por redes de abastecimiento. De esta forma, recalca que ninguno de los obligados al pago lo son como consecuencia del desarrollo de las actividades de transporte, distribución de energía eléctrica y producción.

Por último, apunta que el impuesto sobre eliminación de residuos en vertedero no grava la producción o distribución de energía, sino la generación de desechos. Por ese motivo, afirma que ninguna compañía eléctrica tuvo que soportar su pago en 2013.