Cruce de acusaciones entre PP y PSOE por el uso de datos de los vecinos

A primera hora de la tarde del viernes saltó la polémica en Talayuela entre el PP, ahora en el Gobierno municipal con Vox, y el PSOE, que estuvo la pasada legislatura. O lo que es lo mismo, entre el popular Roberto Baños, actual alcalde, y su antecesor, Ismael Bravo.

Fue al conocerse que Ismael Bravo, portavoz socialista en la oposición, ha interpuesto una demanda contra Baños por «acusaciones falsas sobre violación de seguridad de datos personales de vecinos», en la que pide que se retracte públicamente de la información vertida en unas cartas y una indemnización de 15.000 euros por los «perjuicios morales derivados de estos hechos».

Según ha explicado, lleva más de un año recibiendo en su correo electrónico notificaciones de asignación a expedientes y registros dentro del sistema Gestiona, a los que ha accedido porque el Ayuntamiento «se lo asignaba con su nombre y apellidos».

Es más, defiende su derecho de acceder a la documentación obrante en el Consistorio para el ejercicio de control de los órganos de la Corporación, a los que insiste que ha accedido «legalmente», utilizando su certificado electrónico personal, «que era a quién iban dirigidas las notificaciones».

«En ningún momento la persona responsable de hacerlo, el alcalde, ha restringido el acceso», afirma el anterior regidor talayuelano, quien añade que presenta la demanda, previa a la querella criminal, por «injurias y calumnias graves con publicidad», esperando que Roberto Baños reconozca los hechos descritos.

Respuesta del PP

Poco tardó el PP provincial en defender la labor de Baños, asegurando que «ha seguido el protocolo para el cumplimiento de las obligaciones de la protección de datos de carácter personal, informando a los perjudicados que han sido objeto de una violación de sus datos».

Según detallan los populares, el equipo de Gobierno de Talayuela tuvo conocimiento el pasado 25 de septiembre de que alguien había accedido a expedientes de la plataforma Gestiona sin estar autorizado. Entonces, «siguiendo el protocolo, informó a los afectados de que se desconoce la utilización que pudiera haberse hecho de esos datos no autorizados por la actual alcaldía».

«Creemos que las pruebas, informes y datos recopilados por el personal del Ayuntamiento son claros y dan a entender que alguien ha accedido a expedientes de la plataforma Gestiona sin estar autorizado», insiste el PP, que considera «grave» esta violación a la intimidad y a la protección de datos. De ahí que estudie si son constitutivas de delito para ponerlo en manos de la Fiscalía.

«Como ya ha sucedido en otras localidades de la provincia, parece ser que algunos dirigentes socialistas no han asumido aún el lugar en donde les pusieron los ciudadanos en las elecciones de mayo de 2023, y no dudan en usar malas artes para acceder a información con la que atacar sin ningún tipo de ética», argumentan, para terminar.

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