Se endurece el control sobre el uso de los productos fitosanitarios

No se entiende la agricultura sin ellos. Su uso es fundamental en la lucha contra las plagas y las enfermedades que afectan al sector. Sin embargo, su mala utilización puede ser nociva para el medio ambiente y para la salud humana. Desde hace varios años, el manejo de los se está tratando a través de la legislación con la intención de realizar un mayor control sobre ellos. Y es que su manipulación y las sanciones a las que se enfrentan las personas que lo hagan de manera incorrecta aparecen desde 2002 en ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la ley de Salud Pública, la de Residuos y Suelos Contaminados o la ley de Aguas.

Una de las últimas modificaciones que plantea la normativa es la obligatoriedad, desde el 26 de noviembre de 2015, de que los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios estén en posesión de un carné que acredite los conocimientos para ejercer su actividad.

Por tanto, son más de tres años ya los que la legislación lleva exigiendo que sea personal cualificado el que maneje estos productos. Sin embargo, la formación en este ámbito se imparte desde hace más de dos décadas en la región a través de entidades homologadas para ello.

Tras un periodo de adaptación a los cambios en la norma, en los últimos meses se están intensificando las campañas para fomentar su cumplimiento.

No solo los profesionales del campo deben estar en posesión de carné, también se requiere a las personas que tengan que realizar tratamientos a plantas o jardines, como los trabajadores de los ayuntamientos encargados de esta tarea.

El objetivo de las normativas es siempre el mismo. «Conseguir un uso sostenible y reducir los riesgos y los efectos que pueden acarrear por una utilización errónea», explica Santiago Ponce, técnico de UPA-UCE.

Por otro lado, el real decreto que entró en vigor en septiembre de 2012 también incide en el fomento de los planteamientos y técnicas alternativas para el control de plagas. En dicho texto se citan expresamente los métodos no químicos.

La legislación especifica que es responsabilidad de los vendedores entregar los productos únicamente a personas que demuestren su capacitación. Entre 300 y 3.000 euros se mueven las sanciones para quien utilice los productos fitosanitarios sin el correspondiente carné y para los vendedores que no soliciten los documentos a sus clientes.

En Extremadura hay más de 320 establecimientos inscritos en el Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitarios (ROPO), lo que significa que están habilitados para manejar estos productos.

En lo que se refiere a la capacitación, hay cuatro tipos diferentes: básica, cualificada, fumigador y piloto aplicador. La formación se realiza a distancia, aunque también hay una parte práctica presencial, que para el tipo básico es de cuatro horas. La vigencia de los carnés es de diez años y la mayoría de los cursos que se imparten en la actualidad se destinan a jóvenes agricultores.

Con el primer nivel es suficiente para todos los trabajadores del sector primario que vayan a realizar en solitario un tratamiento con una mochila y un aplicador o con un tractor y una bomba. Sin embargo, para trabajar en equipo, aunque sea de dos personas, ya es necesario que una de ellas tenga el nivel superior.

Este segundo tipo también es el que se requiere para el personal que intervenga directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso profesional, con lo que pueda proporcionar información sobre su uso.

Residuos

Hay que tener en cuenta que se trata de productos tóxicos y las buenas prácticas son positivas para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, controlar a todos los profesionales durante su trabajo es imposible y con las acciones formativas también se pretende sensibilizar sobre los beneficios de un uso racional de los fitosanitarios. En definitiva, se busca evitar que las personas que vayan a realizar tratamientos se saquen el carné como un trámite más, pero luego sigan actuando de forma errónea.