

ANA B. HERNÁNDEZ
Sábado, 27 de febrero 2016, 10:30
Nueve bancos aparecen en el expediente de más de 8.000 folios que centra la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia por una presunta trama de blanqueo de capitales en la ciudad del Jerte. Porque los 130 investigados por su supuesta participación en la misma, de los que 32 son menores, tienen dinero en cuentas abiertas en sucursales de estos nuevo bancos.
Por este motivo, al menos seis directores de las mismas han prestado declaración ya, en calidad de testigos, ante la titular del juzgado placentino. Y todos ellos, según ha podido saber este periódico, han negado conocer que las cuentas abiertas por algunos de los investigados tenían grandes sumas de dinero y que se estaban utilizando para blanquear, supuestamente, capitales procedentes del tráfico de drogas.
Sin embargo, el informe elaborado por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cáceres deja claro que tras la «masiva investigación» llevada a cabo en numerosas cuentas bancarias, centrada en los movimientos producidos en las mismas durante un periodo de al menos diez años, se puede tratar de un presunto delito de blanqueo de capitales derivado además del tráfico de estupefacientes realizado por un numeroso grupo familiar cuyos integrantes cuentan con antecedentes por diversos delitos.
De hecho, la valoración provisional que este grupo habría manejado, a través de las entidades financieras, asciende a 12.770.000 euros, según la Agencia Tributaria, de los cuales están intervenidos por bloque de cuentas corrientes y depósitos más de cuatro millones de euros.
En La Audiencia
Además de distribuir el dinero por diferentes cuentas con el objetivo de ocultarlo a la acción de la justicia, motivo por los que en la supuesta trama se han utilizado a menores como testaferros, la Agencia Tributaria también señala que el grupo familiar habría invertido las ganancias de su actividad ilícita en inmuebles y vehículos de alta gama.
Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la instrucción que hoy sigue en marcha en el juzgado placentino comenzó por petición del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Cáceres en junio de 2014, cuando presentó un escrito en el juzgado informando de la posible comisión de un delito de blanqueo de dinero por parte de 61 personas, todas ellas de etnia gitana. Hoy son 130 las investigadas y no se descarta que se produzcan ni nuevas declaraciones ni otras diligencias que, en este caso, podrían pedir las defensas de los investigados por su presunta participación en la trama de blanqueo de capitales. No obstante, y aunque la mayoría de éstos residen en Plasencia, especialmente en el barrio de San Lázaro y en el polígono de La Data, también los hay residentes en otras localidades como Navalmoral, Cáceres, Madrid o Málaga.
Las mismas fuentes estiman que es posible que este caso sea juzgado en la Audiencia Provincial. Dan casi por seguro que la jueza decidirá la apertura de juicio oral y consideran que las penas que se pedirán para algunos de los 130 investigados superarán los seis años de prisión, motivo por el que el Juzgado de lo Penal de Plasencia no será competente y el caso se deberá trasladar a la Audiencia.
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