Investigadas 130 personas, algunas de Navalmoral, por el presunto blanqueo de más de 12,7 millones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia es el que se encarga de una investigación que, según ha podido saber este periódico, arrancó en octubre de 2014. Fue entonces cuando se realizaron las primeras detenciones y los registros en los inmuebles de los detenidos. A día de hoy aún no han terminado las declaraciones de los 130 investigados, en los que finalmente se centran las actuaciones de los 183 que se llegaron a incluir inicialmente, y la titular del citado juzgado ha solicitado una prórroga para la instrucción dada la complejidad del asunto y el alto número de implicados. También ha pedido auxilio judicial a la Agencia Tributaria, con el fin de que un funcionario de la misma ayude en la investigación, además de los cuatro de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera que han elaborado el informe, a petición de la magistrada, sobre la presunta trama de blanqueo de capitales en Plasencia. Informe en el que se detallan los movimientos realizados en los últimos diez años en las cuentas bancarias de las 130 personas detenidas, incluidas las de los 32 menores que, según la Agencia, han sido utilizados como testaferros por sus progenitores. «A estos menores se les ingresaban grandes cantidades de dinero con el fin de, presuntamente, distanciarlo de su origen y ocultarlo a la acción de la justicia», señala la misma fuente.

El informe es la conclusión de una investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa durante los últimos diez meses -fue presentado en el juzgado placentino el pasado día 11- y en el mismo se señala que los capitales presuntamente blanqueados son los ganados en el tráfico de drogas realizado por un numeroso grupo familiar cuyos principales integrantes cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre ellos el tráfico de estupefacientes, y con conexiones en otros puntos de la geografía española, fundamentalmente Madrid.

De hecho, aunque la mayoría de los investigados residen en Plasencia, sobre todo en el barrio de San Lázaro, otros viven en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Madrid, Málaga, etcétera. Pero todos ellos, según otras fuentes, tienen un parentesco familiar, motivo por el que se han ido investigando todas sus cuentas bancarias.

Han sido efectivos de la Guardia Civil los que han llevado a cabo esa investigación después de que los servicios centrales de una entidad bancaria alertara sobre los movimientos continuos y de grandes sumas de dinero que se venían produciendo en algunas de sus sucursales extremeñas. De hecho, la investigación se puso en marcha hace ya más de un año por este motivo y tras las sucursales del banco que dio el aviso siguieron las revisiones en otras más, en función de donde tenían el dinero los familiares de los primeros y así sucesivamente hasta alcanzar a los 130 investigados y bloquearles sus cuentas en sucursales de ocho bancos y cajas. Es, por ello, que los directores de estas sucursales están declarando en el juzgado en calidad de testigos.

Clanes familiares

No obstante, fuentes próximas a la investigación aseguran que, aunque la jueza mantiene a los 130 en calidad de investigados, no todos se encuentran en la misma situación, puesto que se han establecido diferentes grupos de implicación. Los colocados en el primer grupo serían los que habrían utilizado al resto para llevar a cabo el presunto blanqueo de dinero -en unos casos con conocimiento de los implicados y en otros, no, según algunas de las declaraciones realizadas- con el fin de repartir los capitales y poder operar con ellos desde cuentas bancarias que no eran suyas y en las que no figuraban, por tanto, como titulares. En cualquier caso, todos los investigados están en libertad.

Fuentes cercanas a éstos, por otro lado, aseguran que no se ha demostrado hasta el momento que el dinero encontrado en las cuentas tenga su origen en el tráfico de drogas y que será más que complicado hacerlo, porque en muchos casos, según las mismas, se trata de dinero procedente de herencias recibidas, ahorros de toda la vida, cobro de seguros, etcétera. Personas que ahora, también en algunos casos, están teniendo problemas para llegar a fin de mes porque tienen sus cuentas bloqueadas desde hace más de un año.

«Todo porque son gitanos, porque si fueran payos no se metería a todos los familiares en un procedimiento judicial solo por el hecho de que uno se dedique o haya dedicado a traficar con drogas», argumentan estas fuentes.