El ATI de la central de Almaraz, a la espera del estudio de impacto ambiental

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%)- están a la espera de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente publique la declaración favorable de impacto ambiental una vez que se resuelvan las más de 300 alegaciones que han presentado instituciones, colectivos y personas a título individual al Estudio de Impacto Ambiental planteado. Entre esas instituciones se encuentra la Junta de Extremadura que, inicialmente, no se ha mostrado partidaria de la construcción del ATI.

Cuando se tenga esa declaración favorable el tema pasará al Ministerio de Industria para obtener la autorización de ejecución y montaje, junto con el informe que debe emitir el Consejo de Seguridad Nuclear desde el punto de vista de seguridad nuclear y protección radiológica, que sería vinculante en caso de ser negativo. Si es positivo se solicitará de inmediato la licencia de obras al Ayuntamiento de Almaraz, en cuyo término municipal se encuentran los terrenos donde se quiere levantar el almacén.

Aniceto González confía en que los permisos necesarios estén en septiembre u octubre, para iniciar los trabajos a finales de año y que pueda recibir los primeros contenedores a últimos de 2017 o principios de 2018, puesto que las obras se prolongarán entre ocho y diez meses, con un coste aproximado de 3,5 millones de euros, que suben hasta 20 con el precio de los contenedores.

Sobre la fecha en la que es necesario disponer del ATI, en 2018, González añadió que miembros del Consejo de Seguridad Nuclear así lo han ratificado tras visitar la central, «como se puede ver en el acta, que es pública». Por eso no entiende de dónde salen los datos que dio a conocer semanas atrás el Movimiento Ibérico Antinuclear cuando apuntaba que las piscinas tienen capacidad para seguir almacenando elementos de combustible hasta los años 2022 y 2023 sin necesidad del Almacén Temporal.

«Hay posiciones no utilizables. Y tampoco se puede usar el balconcillo de la piscina. No es posible seguir más allá de 2018 sin sacar los primeros elementos», añadió.

La pretensión de la CNA de construir en sus instalaciones un Almacén Temporal Individualizado provocó un rotundo rechazo en el Movimiento Ibérico Antinuclear, salvo que sea para permitir el inicio del desmantelamiento de la planta, que creen debería dejar de funcionar en 2020, cuando termina la actual licencia de explotación.

Gran importancia para la zona

Por el contrario, tanto la construcción del ATI como la continuidad de la central más allá de 2020 han recibido el respaldo casi unánime de los ayuntamientos del entorno y del colectivo que los agrupa, la Mancomunidad Integral Campo Arañuelo, que coinciden con los responsables de la central en la importancia capital que tiene para la zona.

Según los datos difundidos por la propia planta, la CNA genera más de 800 empleos directos, «que se elevan hasta 2.900 teniendo en cuenta los indirectos e inducidos. Además, en periodo de recarga, se incorporan unos 1.300 trabajadores de empresas especializadas, adicionales a la plantilla habitual, la mayoría extremeños». Asimismo, se dice que su contribución económica al entorno se sitúa en los 45 millones de euros anuales «teniendo en cuenta los impuestos directos e indirectos, salarios abonados y acuerdos de colaboración con entidades e instituciones para el desarrollo local, social y educativo».

También se ha pronunciado sobre el ATI el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, insistiendo en la postura de la Junta de rechazo a la instalación porque no quiere que la región sea «un cementerio nuclear».

«Pero es el Gobierno el que tiene en sus manos la decisión de poder garantizar el almacenamiento temporal hasta que se lleve a otro sitio señaló. Si el Gobierno, el que sea, toma esa decisión nosotros la aceptaremos, aunque en nuestras alegaciones hemos dicho que la solución no nos gusta, porque no estamos de acuerdo con el almacenamiento nuclear».