Podemos Extremadura considera un atropello la reválida de la LOMCE, aprobada por Rajoy el 29 de julio mediante decreto

Así, Podemos Extremadura exige a la Junta que, por la vía legal, siga el ejemplo de Cataluña, que ya ha anunciado que recurrirá la imposición de reválidas y que no aplicará estas pruebas el próximo curso, en contra de lo que pretende el Gobierno central. Por la vía política, el PSOE de Guillermo Fernández Vara debe exigir al equipo negociador para la formación de Gobierno que se incluya en el orden del día la paralización de la LOMCE y, especialmente, la derogación del reciente Decreto, tal como el Congreso, por mayoría absoluta, admitió a trámite durante la pasada legislatura.

Por último, Podemos Extremadura anima a la comunidad educativa a emprender acciones inmediatas y a movilizarse, con carácter general, desde el día de comienzo del curso. La formación celebra asimismo que algunas organizaciones de padres y madres, como CEAPA, hayan anunciado ya acciones legales.

Allanar el camino a la privatización

La implantación de la LOMCE y, en especial, de las pruebas de reválida, servirán para establecer comparaciones entre centros y facilitar el camino a la privatización de la educación. La ley asegura que esta calificación de centros será ponderada en función de factores contextuales, como la situación socioeconómica de los alumnos, pero no se establecen mecanismos concretos -salvo la realización de encuestas anónimas a familias y tutores- para establecer dicha ponderación. Como ha ocurrido ya en los países a los que se ha implantado, este modelo sólo servirá para acrecentar la desigualdad, generar centros marginales a los que nadie querrá acudir, y fomentar la demanda de colegios concertados y privados.

Desde el punto de vista puramente pedagógico, las pruebas de reválida descalifican el trabajo y esfuerzo de los alumnos durante años, que queda supeditado a los resultados de unas pruebas puntuales, diseñadas y evaluadas externamente, sin las que no obtendrán el título y que supondrán hasta el 40 por ciento de la nota media de sus expedientes. Desautorizan el trabajo del personal docente, al igualar y condicionar los resultados de unas evaluaciones efectuadas día tras día, a pie de aula y con pleno conocimiento de su alumnado, al de pruebas estandarizadas en las que no toman parte.

Además, tal y como están establecidas en este Decreto, las pruebas acaban con el movimiento de renovación pedagógica que podría igualar a España a los países con más éxito en los informes internacionales. Se articulan en torno a extensas listas de estándares, consistentes, en gran medida, en la memorización de conceptos. Esta metodología, centrada en la memorización y la multiplicación de exámenes, se ha demostrado inútil y está en cuestión incluso en los países de tradición más neoliberal, como EE.UU o Reino Unido.