La familia del asesinado en el azud cree que Robles no debió salir de prisión

El juicio, de momento, se demorará aún más. Actualmente, la familia está agotando la vía administrativa, a través de la cual ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado. Considera que «nunca debería haberse concedido el permiso penitenciario, no solo por no ser conforme a derecho sino porque aplicando la razón tampoco era procedente», relata el abogado de la familia, Pedro Rodríguez, quien ha estimado una indemnización de 200.0000 euros para la familia de la víctima.

En el historial penal del asesino, natural de Plasencia, figuraban delitos por terrorismo, asesinato, homicidio y detenciones ilegales y en su historial psiquiátrico se recogía un trastorno de personalidad y un «desprecio total y absoluto por la vida de los demás», relata el abogado.

El historial del preso, la clave

Con estos datos, la familia exige responsabilidades a tres organismos públicos. En primer lugar, apunta a Instituciones Penitenciarias y más concretamente al centro penitenciario de Badajoz, por ser el órgano a través del cual la Junta de Tratamiento concede en primer términio el permiso carcelario al pistolero de Plasencia. «Obraba en poder del centro todo el expediente penal y psiquiátrico del interno que, además, ya había quebrantado permisos penitenciarios anteriores y había delinquido durante su disfrute de libertad», argumenta Rodríguez

El abogado de la familia valora que «todo preso tiene derecho a disfrutar de permisos penitenciarios con el fin de ir preparándose para su reinsercción en la sociedad, pero se tiene que estudiar cada caso y, en este concreto, no debería haberse otorgado». Además, piden responsabilidades al Ministerio de Justicia por estimar que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria confirmó la decisión de la Junta de Tratamiento de otorgar el permiso carcelario «teniendo exactamente la misma información sobre el interno», puntualiza el abogado.

Y, por último, van contra el Ministerio del Interior. Según cuenta Pedro Rodríguez, «las autoridades tardaron tres días en informatizar la incidencia del quebrantamiento del permiso de Rafael Robles» y añade que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no desplegaron una actuación con la eficacia que debieron porque durante la tarde anterior al asesinato hasta tres testigos confirmaron que vieron en la zona cercana al río y al tanatorio del Puente Real un vehículo incendiado y a un individuo cuya descripción coincidía con la de Rafael Robles y no lograron detenerlo».

Estas son las razones que expone la familia de Manuel Tejeda. Según su abogado, «lo único que quieren los familiares es que se reconozca que los órganos competentes han errado, porque ese permiso no se tenía que haber concedido».

Hasta el momento solo se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, que ha desestimado la reclamación de la familia. «Ha alegado que no entra a valorar la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria», explica el abogado. Una vez que agoten la vía administrativa, la familia ya ha decidido que acudirá al Juzgado de lo contencioso-administrativo de Badajoz.

«No queremos que algo así vuelva a suceder y si alguien no está bien para salir de la cárcel que no le dejen salir», concluye Víctor Tejeda, hijo de la víctima.