Acaba el espectáculo

Han pasado más de nueve años de la operación de la UCO que llevó a Luis Cortés y a varios empleados de Coag a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en la Plaza de Santo Domingo de Badajoz, y el caso todavía no ha llegado a juicio. Y es muy probable que no llegue nunca.

Pero nos hemos desayunado el pasado miércoles con una nueva operación de la Guardia Civil dirigida ahora contra otra organización agraria, UPA (Unión de Pequeños Agricultores), a cuyos dirigentes se acusa de algo similar: desviar 1,8 millones de euros de dinero público destinado al asesoramiento de los pequeños agricultores.

Asistimos al show habitual en estos casos: registros simultáneos en varias sedes, desde Mérida a Talayuela pasando por Plasencia y Badajoz; decenas de guardias en pose marcial y con chaleco antibalas custodiando las oficinas; y detenidos con las manos esposadas y cara de estupor escoltados por los agentes.

Si hay una queja en la que los responsables de UPA tienen razón es en que resultaba innecesario hacer pasar a los acusados por ese trago. Esposar a detenidos que en ningún caso van a fugarse es gratuito y humillante. Pero se hace en España todos los días y solo nos escandalizamos cuando le toca a quien nos cae simpático.

Cincuentones esposados

No estaría de más que el Ministerio del Interior o incluso el Parlamento establecieran unas normas sobre cuándo está justificado esposar a un detenido y cuándo no, y que se evitara la sobreactuación.

Ningún detenido cincuentón, con sobrepeso y en estado de shock va a escaparse del par de guardias fornidos que le llevan de los brazos casi a rastras. Tratar a estas personas como si fueran miembros de una banda de peligrosos criminales resulta un tanto excesivo.

Acabado el espectáculo de cajas llenas de documentos, grilletes, cámaras y registros empieza la investigación. Probar en el juzgado las acusaciones que hace la Guardia Civil y determinar si son delito. UPA insiste en que no hay caso, que la gestión de las ayudas está certificada por la Junta de Extremadura, lo que avalaría su legalidad.

Pero no es a UPA, ni siquiera al Gobierno extremeño, a quienes toca decidir si hay o no delitos, sino a los jueces. Solo cabe esperar que el asunto no se eternice en los juzgados y dentro de una década nos preguntemos: ¿qué fue de aquel caso de las ayudas al asesoramiento de la UPA?

La Consejería de Agricultura no juzga, pero eso no quiere decir que sea una mera espectadora del proceso judicial abierto. Puede personarse como parte perjudicada, y hay precedentes de ello: lo hizo en el caso contra Luis Cortés y sus famosos cursos de formación nunca juzgados. La Junta puede también elegir ponerse de perfil y silbar para no incomodar a una organización cercana a la UGT y al Partido Socialista.

Y hay al menos una tercera opción, que es por la que la Junta parece haber optado acertadamente, que es darle un repaso a la gestión de ayudas para asegurarse de que no existen abusos. Es decir, que deja de ser cierto el runrún de que todos hacen lo mismo, que todos financian sus organizaciones con cursos, subvenciones y ayudas que están destinadas a otros fines.

En España hay más casos abiertos de presunto desvío de fondos de los cursos de formación. Los más famosos son los de Andalucía. Pero todavía no se han producido condenas que lleven el mensaje a los ciudadanos de que el dinero público se usa de manera limpia. Lo que es lamentable es que el mantra exculpatorio de Luis Cortés todo el mundo lo hace sea cierto y, lo que es más grave, que no le importe a quienes tienen que evitarlo.