UPA-UCE sólo gestionó el 27% de las ayudas al asesoramiento de 2013

Siete personas vinculadas a la organización agraria fueron detenidas a comienzos de mes en la conocida como operación Tellus por un presunto fraude en el cobro de esas ayudas. La Guardia Civil considera que UPA organizó un sistema de ingeniería financiera para recibir el dinero sin que en realidad lo pagaran los agricultores, se prestara el servicio o no de forma completa. Los dos máximos dirigentes de la entidad en la región, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, permanecen en prisión provisional por esta investigación.

La Junta paraliza la auditoría prevista y se pone a disposición del juzgado

Los servicios de asesoramiento agrario han sido promovidos por la Unión Europea para fomentar la mejora del campo con el objetivo de hacerlo más competitivo y respetuoso con el medio ambiente, así como contribuir a la incorporación de jóvenes al sector e incentivar el desarrollo empresarial.

Con ese fin, se creó una línea de ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 para incentivar la contratación de estos servicios entre agricultores y ganaderos. Para ello, sólo podían contar con entidades acreditadas e incluidas en el registro creado por la Junta de Extremadura, que además concedía prioridad a los profesionales que se decantaran por organizaciones agrarias y cooperativas o uniones de cooperativas. También existían subvenciones europeas para que entidades sin ánimo de lucro montaran los equipos técnicos con los que realizar esta labor.

Según la información facilitada por la Junta, cuando se puso en marcha la convocatoria del año 2013 se llegó a 7.071 beneficiarios. Sin embargo, su número fue en descenso en los dos ejercicios siguientes, 6.975 en 2014 y 6.848 en 2015. El importe medio de la subvención fue de 861,02 euros. Suponía el 80% del coste del servicio, que el interesado debía pagar por adelantado. La ayuda se cobraba el 40% el primer ejercicio, el 30% el segundo y otro 30% el tercero.

En 2013 había 28 organizaciones y empresas inscritas en el Registro Extremeño de Entidades de Asesoramiento. En 2014 el número bajó a 21 y un año después subió a 22. Sin embargo, en realidad las ayudas de asesoramiento fueron gestionadas por seis organismos, de los cuales dos tuvieron una participación testimonial.

Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura fue la entidad con mayor actividad, ya que llegó a 2.150 agricultores y ganaderos en el primer año de las ayudas (2.086 en el último). Gestionó algo más de 2.060.000 euros. En segundo lugar se situó UPA-UCE con 1.939 beneficiarios (1.892 en 2014 y 1.860 en 2015, 5.691 expedientes en total) y la citada cantidad de más de 1.834.000 euros. La Guardia Civil considera que el importe íntegro fue objeto de fraude.

En tercer lugar figura Apag-Extremadura con 1.533 beneficiarios en 2015 y una cuantía total de 1.476.700 euros, y en cuarta posición Asaja Cáceres con 1.290 profesionales el cierre de la convocatoria y 1.252.700 euros. Por último, la cooperativa Covidex tramitó 48 ayudas durante los tres años por un global de 48.160 euros; mientras que la organización profesional La Unión se encargó de 31 que percibieron 31.150 euros.

En cuanto al origen de los fondos, las ayudas eran financiadas en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aportó cerca de 5.027.500 euros para los tres ejercicios. El resto se repartió entre el Ministerio de Agricultura y la Junta de Extremadura, aunque no a partes iguales. En el primer año de la convocatoria, 2013, el Gobierno aportó el 25% al completo. En los dos siguientes asumió el 12,97% de la dotación, mientras que la Administración regional costeó el 12,03%. Esto eleva su aportación a 1.196.000 y 479.778 euros, respectivamente.

Cambio de modelo

Los servicios de asesoramiento se mantienen como un aspecto clave en la política del Feader y por tanto siguen formando parte del nuevo Programa de Desarrollo Rural de Extremadura. Sin embargo, la Unión Europea ha introducido algunas novedades en su gestión. La principal es que la ayuda ya no se transferirá al agricultor o ganadero, sino que irá a parar directamente a la entidad que preste el servicio. Hasta ahora el beneficiario recibía el 80% del coste total después de que abonara el 100%. Además, a partir de ahora estos servicios serán contratados mediante licitaciones en lugar de a través de convocatorias de ayudas. Esto permitirá un mayor control, ya que se tratará de contratos en lugar de subvenciones, sobre las que se realizan inspecciones parciales.

Algunas comunidades autónomas ya han dado los pasos para implantar este nuevo modelo. La Rioja aprobó en octubre una regulación que consiste en la convocatoria de un acuerdo marco para que las entidades interesadas en dar estos servicios ofrezcan sus tarifas y las condiciones básicas de la prestación. Una vez adjudicado el concurso, corresponderá a los agricultores y ganaderos elegir a las organizaciones o empresas seleccionadas, que deberán respetar el precio ofrecido y el resto de características.

No obstante, este nuevo procedimiento no evita el origen del problema, esto es, que dichos asesoramientos no interesan a la mayor parte de los agricultores porque no son obligatorios para recibir las ayudas de la PAC, exigen papeleos, se prolongan durante tres años y no proporcionan una ayuda económica sustancial. De hecho, seguirán teniendo que abonar una parte del coste de las asesorías, por lo que no sería descartable que dichos fondos quedasen sin gastar.