La juez del caso UPA llama a declarar a tres técnicos de la organización

Los tres técnicos han sido citados esta mañana en la comandancia de la Guardia Civil y, finalmente, declararán ante la juez.

Los dos empleados en UPA han alegado que el caso se encuentra en una instrucción abierta y se han negado a declarar a la vez que solicitaban hacerlo ante la juez. Ambos, Gervasio y Ana, han sido detenidos para su paso a disposición judicial, aunque ella, Ana Jiménez, ha sido puesta en libertad por motivos de salud. La tercera de las personas citadas es Margarita Yáñez, que no se encuentra ya en nómina de UPA y prestará declaración ante la juez el próximo viernes.

UPA denuncia persecución

La organización agraria UPA-UCE ha vuelto a acusar hoy a la Guardia Civil de abusos, coacciones y detención ilegal de sus trabajadores.

UPA critica las actuaciones del cuerpo de seguridad ante la dentención esta mañana de Gervasio Martínez, trabajador de la sede de Mérida. El sindicato afirma que los tres trabajadores citados a declarar esta mañana han acudido, voluntariamente, a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres. Allí, según UPA, han expresado "su disposición favorable a colaborar con la acción de la justicia prestando declaración en dependencias judiciales, tal y como le habían aconsejado sus abogados".

En ese momento, la organización denuncia que sus trabajadores "han sido sometidos por los agentes a presiones para que prestaran declaración en sus dependencias bajo advertencia de quedar detenidos en los calabozos". UPA cree que Gervasio ha quedado en los calabozos sin motivo ni justificación alguna.

"No tiene precedentes que una investigación por un tema administrativo se lleve de esta manera, tratando a agricultores, ganaderos y trabajadores como si fueran ladrones, asesinos o violadores, aseguran.

Hasta el momento siete personas habían sido detenidas por el caso UPA. Cinco fueron puestas en libertad con cargos pero todavía hay dos que continúan en prisión, los dos dirigentes, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón. El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida está investigando una trama presuntamente urdida por los dirigentes de UPA Extremadura para defraudar subvenciones europeas destinadas a cursos de formación.