Huertas y Alcón piden su libertad provisional tras el informe de la Junta

Los abogados de Huertas y Alcón han registrado sendos recursos ante el juzgado emeritense para solicitar que salgan de la cárcel. Una petición que ya fue desestimada el 7 de diciembre. Ahora, sin embargo, entienden que hay elementos nuevos que, a su juicio, deben posibilitar que los dos máximos dirigentes de UPA-UCE puedan conseguir la libertad provisional. El informe presentado por la Junta el 21 de diciembre sobre el control y la gestión de las ayudas de asesoramiento agrario es considerado por los letrados como clave.

En ese escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural aportado al juzgado desmonta, según UPA-UCE, algunas de las aseveraciones de la Guardia Civil para considerar que cometieron delitos, entre ellos, financiación ilegal, fraude o blanqueo de capitales.

En ese informe la Junta detalla cómo debía prestarse el servicio de asesoramiento. En concreto, dice que no es necesaria la presencia física del técnico en las explotaciones que se han acogido a ayudas. Sí se debe realizar un diagnóstico inicial de la explotación, pero no es necesario que estén allí ni el técnico ni el titular de la explotación. «No resulta necesaria la presencia física del técnico, a diferencia de lo que se sostiene tanto por los instructores policiales como por la acusación pública», inciden los abogados de Huertas y Alcón en el recurso, al que ha tenido acceso HOY.

Controles y auto

Respecto a las inspecciones realizadas por la Junta, los letrados trasladan al juzgado que se analizaron de forma aleatoria un 25% de las solicitudes aprobadas (893 controles), lo que constata «la exigencia y práctica de control público realizado y destroza los argumentos de los instructores policiales». Ponen en cuestión los abogados a los testigos a los que ha tomado declaración la Guardia Civil, «cuya veracidad ha de quedar al menos inicialmente puesta en duda».

Además, aseguran que ha habido «errores injustificados en la identificación» de algunos de estos testigos. Se refieren a que la Guardia Civil ha confundido a una persona, con el mismo nombre y apellidos de otra que recibió asesoramiento por parte de APAG-Asaja, no de UPA-UCE.

Ni Huertas ni Alcón habrían delinquido quebrantando el artículo 308 del Código Penal como dice la investigación (falsear las condiciones para cobrar ayudas o subvenciones públicas de la Administración), se dice en el recurso. A juicio de sus abogados, obraron conforme a la legislación vigente en ese tipo de ayudas.

Hay que recordar que en un auto del 20 de diciembre, la juez Ana Belén Fernández Arroyo impone una fianza de 5,4 millones a siete de los investigados. Se fija para hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que se produzca una condena. En ese auto, explica que UPA-UCE utilizó «un sistema tipo carrusel que le permitió realizar operaciones ficticias para obtener justificantes bancarios que acreditaban el cobro de los servicios de asesoramiento agrario prestados» por la organización, cuando realmente esos cobros se realizaban con el dinero de UPA, «de tal forma que ponía un dinero en circulación que sucesivamente se sometía a varias operaciones bancarias y posteriormente se recuperaba por la misma».

El recurso ahora presentado para pedir la libertad de Huertas y Alcón concluye que, tras la información adicional aportada por la Junta, «no solo existen contraindicios sino además pruebas directas y no simples conjeturas policiales de la inexistencia de delito alguno». Los abogados entienden que ya no se puede sostener que la prisión incondicional sea necesaria para no entorpecer la investigación. «No tiene sentido alguno» relatan para recordar al juzgado la excepcionalidad que supone estar en prisión sin fianza.

Al mismo tiempo, insisten en que no existe riesgo de fuga en el caso de los dos dirigentes agrarios y que el ordenamiento jurídico español contempla alternativas «más proporcionadas, menos lesivas y excepcionales» que la de estar en la cárcel.

Entre esas medidas se citan la imposición de una fianza a Huertas y Alcón, que acudan a los juzgados cada mes, el arresto domiciliario, la localización permanente o la prohibición de abandonar «ciertos lugares».