El movimiento antinuclear presenta un recurso de alzada contra la autorización del almacén temporal de Almaraz

Un recurso que han detallado José María González Mazón, del Foro Extremeño Antinuclear; Francisco Castejón, coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, y Ángel García, abogado del equipo que lo ha elaborado.

En su intervención han recordado que España firmó los convenios de Espoo y de Aarhus y del Protocolo de Kiev y que según todos ellos, debe tenerse en cuenta el posible impacto transfronterizo de cualquier instalación o infraestructura, en particular almacenamientos nucleares, que se construyan en Europa y que se debe informar a los terceros países afectados y tener en cuenta sus alegaciones cuando así lo soliciten.

Además aseguraron que existen varias directivas de la Unión Europea que abundan en lo mismo: en tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten.

En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un almacén de combustible gastado, apuntaron.

Asimismo recordaron que el Gobierno portugués se dirigió al menos dos veces al ejecutivo español pidiendo información sobre el ATI de Almaraz, los días 29 de septiembre y 19 de octubre de 2016.

A pesar de que se dan las circunstancias de que el ATI podría tener afecciones transfronterizas, y de mostrarse como parte interesada, el Gobierno español no remitió la información preceptiva al portugués ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.

En su opinión el Boletín Oficial del Estado en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental positiva así lo demuestra, puesto que no se hace referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el ejecutivo portugués, mientras que sí se detallan las respuestas que se enviaron a todas las organizaciones e instituciones que presentaron alegaciones.

Pero es además de ignorar al Gobierno portugués, consideran que el ATI supone una serie de afecciones ambientales.

Que se paralice el proceso

Basándose en todos esos hechos, el Movimiento Ibérico ha presentado recurso de alzada ante el Ministerio de Energía contra la autorización final y contra la declaración de impacto ambiental positiva, aduciendo que el procedimiento está "viciado de origen", por lo que solicitan que se paralice el proceso.

Si el recurso no fuera atendido, las organizaciones ecologistas recurrirán a los tribunales ordinarios, presentando un recurso contencioso administrativo, y a las instituciones judiciales de la Unión Europea".