"En los últimos años apenas se han abierto residencias privadas en Extremadura"

Son datos más que suficientes para que se hubiera conocido más a Asorex en los dos años que lleva funcionando. Sin embargo, a nivel mediático, ha conseguido su mayor protagonismo al denunciar el concurso que convocó a mediados de noviembre la consejería de Sanidad y Políticas Sociales para adjudicar el 'Servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, por lotes', por entender que se han sacado por debajo de su coste real.

De la asociación, en general, y de la denuncia en particular, hablamos con su presidente, Juan Manuel Morales, director de la residencia Nuestra Señora de Guadalupe, de Bohonal de Ibor, y del centro de día Conde de Alyó, de Navalmoral, que en ambos casos gestiona Inversiones Residenciales Jupema.

-¿Qué es Asorex?

-Extremadura era la única comunidad que no tenía una asociación de residencias privadas, por lo que nadie defendía ni protegía nuestros derechos. Hasta que en diciembre del 2014 o enero del 2015 creamos la asociación. La forman 25 empresas extremeñas que gestionan unas 30 residencias, que son la mayoría de residencias privadas de más de 50 plazas de la región. Entre públicas y privadas en Extremadura puede haber 7.000 o 7.500 camas, y Asorex tiene un tercio. Pero más significativo es todavía lo que ocurre con las plazas concertadas. De las 1.250 de la Junta, tenemos el 90%. Todo eso demuestra el peso social y laboral de las empresas que forman la asociación.

-¿Qué situación se encontraron una vez constituida?

-La Ley de Dependencia funcionaba bien, pero las residencias estaban desamparadas. ¿Y quién ganaba siempre? La Junta. Incluso la propia Junta nos animó a crear una asociación para tener un interlocutor, en lugar de hablar residencia por residencia. Y eso es lo que pasa ahora, que para cualquier concurso o cualquier decisión la Junta llama a Asorex y nos tiene en cuenta. O para las mesas de diálogo social, en la que están la Junta, los sindicatos y las residencias. Antes no había nadie. En este sentido la relación es muy buena, porque ellos dependen de nosotros y nosotros de ellos.

-A pesar de esa buena relación han impugnado un concurso de plazas, lo que no había hecho nadie en 15 años

-Y la relación va a seguir siendo buena. Pero no podíamos hacer otra cosa, pensando en la atención que deben recibir nuestros mayores. Está relacionado con 210 plazas de esas 1.000 concertadas que te decía, porque se van renovando cada cuatro años. Tuvimos una reunión con la directora general del Sepad para darnos a conocer el concurso. Nos dijo que los presupuestos estaban mal y que se bajaban las plazas a 38,5 euros por persona y día, cuando las anteriores habían salido a 45. Si los presupuestos están mal y había que bajar lo entendemos. Pero nuestra sorpresa fue que bajando el precio se duplicaban los ratios de personal. Nosotros pensábamos que era imposible, pero para demostrárselo a la Junta encargamos un informe a un auditor externo, que dice que solamente el coste de personal se va a 43,02 euros por persona y día, sin meter otros gastos. Vamos, que de entrada se está perdiendo. Y eso perjudica al servicio que se da y al empleo, porque supone despidos. Por eso decidimos no participar en el concurso y presentar la impugnación, que no han admitido sin entrar en el fondo, aunque por otras conversaciones sabemos que son conscientes de que se han equivocado.

-El paso que les queda es el contencioso. ¿Llegarán a ello?

-Es algo que tenemos que decidir en asamblea, porque estamos hablando de un contrato de 9 millones de euros, pero puede ser que vayamos. En estos momentos estamos en conversaciones. Ya nos hemos reunido con José Antonio Monago, que quería que le contáramos lo que había ocurrido para pedir explicaciones a la Junta. También tenemos pendiente una reunión con el consejero para aclararlo todo, que nos ha citado para el día 2. Si no llegamos a un acuerdo existe un porcentaje muy alto de posibilidades de que vayamos al contencioso. Además vamos a exigir a las residencias que se han quedado con las plazas que cumplan con el pliego, a través de inspecciones. Si te has presentado con un precio y unos ratios de personal tienes que cumplirlo.

-Dice la Junta, en su defensa, que incluso miembros de Asorex participaron en el concurso. ¿No es contradictorio con la postura que defienden?

-Y es cierto, pero hay que explicarlo, porque dicho así se queda a medias. Estamos hablando de 20 plazas que ya tenían las tres residencias que se han presentado y se trataba de renovarlas, porque de no hacerlo se perjudicaría a 20 mayores. Por eso decidimos que se presentaran al concurso con dos condicionantes: que no bajaran ni un céntimo de los 38,5 euros establecidos ni que tampoco mejoraran los ratios de personal que ya tienen, y lo dicen por escrito. Y si no cumplen el pliego no les tendrían que haber dado las plazas.

-Dejando al margen ese controvertido concurso, ¿hacia dónde cree que se encamina el futuro de las residencias privadas, en época de recortes y cuando la gente vive cada vez más y con mejor salud?

-En los últimos años apenas se han abierto residencias privadas en Extremadura. Por eso cpada vez hay más personas mayores que no tienen plaza, ya que no hay en las residencias públicas y no se abren privadas. Abrir una de 50 plazas, por ejemplo, cuesta unos 5 millones de euros. Sin embargo, en las que existen, sí hay plazas vacías. En Asorex tenemos un 8% o un 10%, entre 200 y 250. La única manera de cubrir esa demanda es llegando a acuerdos con la Junta de más plazas concertadas. No hay otra solución. Porque dependemos unos de otros. En otras provincias no tanto. Pero aquí sí, por eso la relación tiene que ser siempre fenomenal, aunque cada uno defienda sus intereses.