La Audiencia de Cáceres traslada al campus un macrojuicio con 123 acusados por drogas

Ni en el Palacio de Justicia, donde se encuentra la Audiencia Provincial, ni en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hay una sala de vistas suficiente amplia y preparada para acoger a tantas personas. Por ello, la Gerencia Territorial de Justicia está buscando un lugar idóneo para la celebración del juicio, que tendrá lugar en septiembre.

Todo apunta a que el lugar de celebración será el salón de la actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, donde habitualmente, cuando toca en el campus de Cáceres, tienen lugar actos académicos de la Universidad de Extremadura, como la apertura de curso y la festividad de Santo Tomás de Aquino.

La Subsecretaría del Ministerio de Justicia ya ha adjudicado incluso la adecuación de este espacio académico para convertirlo en un salón de vistas, lo que implica también conexiones informáticas, por ejemplo. Se destina una partida económica de 2.688 euros y se le ha adjudicado a José Escribano Rubio.

De los 123 acusados que se reunirán allí el próximo otoño, 64 son mujeres y 59 son hombres. Todos son de etnia gitana y pertenecen a varios clanes familiares. La mayoría viven en Plasencia, principalmente en el barrio de San Lázaro; pero los hay que tienen su residencia en Cáceres y en Navalmoral de la Mata. Alguno también reside fuera de Extremadura, en Madrid, en Málaga y otras ciudades.

Se les acusa de haber blanqueado cerca de 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas. Mientras se realizaba la investigación se ordenó por parte de la autoridad judicial el bloqueo de varias cuentas bancarias, por lo que no han podido disponer de cuatro millones y medio de euros.

La investigación la llevó a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia después de que los servicios centrales de una entidad bancaria alertaran a la Agencia Tributaria de los movimientos continuos y de grandes cantidades de dinero que se estaban produciendo en algunas de sus sucursales de Extremadura. La Guardia Civil intervino y por orden judicial se bloquearon cuentas en oficinas de ocho bancos y cajas.

Se investigó a más de 130 personas, de las que 123 serán juzgadas ahora acusadas de cometer dos delitos: blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. La mayoría se dedican a la venta ambulante o a la compraventa de chatarra.

Elevado nivel de vida

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso el Diario HOY, los acusados, «durante los años 2005 a 2014 y gracias a los cuantiosos beneficios obtenidos de la venta y distribución de estupefacientes a terceros, hechos por lo que han resultado condenados alguno de los acusados, y a pesar de carecer de ingresos o ser éstos mínimos, han disfrutado de un nivel de vida elevado que no se corresponden con su capacidad económica, puesto que los ingresos legítimos que obtenían les situaría en una economía de subsistencia».

Indica la acusación pública que muchos de los acusados eran familiares, adoptando un reparto de tareas en forma piramidal.

Con el objeto de fraccionar las ganancias para que pasaran más desapercibidas, los acusados abrieron numerosas cuentas corrientes, muchas de ellas a nombres de menores de edad. Son cuentas que tienen una media de 60.000 euros, pero otras llegan a cientos de miles de euros. Hay un menor, por ejemplo, que es titular de ocho cuentas bancarias. Una de las acusadas abrió a nombre de su hijo también menor una cuenta en el Banco de Santander y otra en el BBV que tuvo un volumen de fondos de 398.000 euros.

Hay hechos que llaman la atención, como un acusado conocido con el apodo de El Johny, que a pesar de casi no tener ingresos, realizó en el Banco Popular 40 entregas de dinero a 29 personas. Consiguieron introducir en el tráfico comercial cinco millones de euros, sólo teniendo en cuenta las operaciones de la sucursal de Plasencia del Banco Popular. Se ha comprobado que alguno compró un Mercedes por 69.000 euros, un local de 100.000 euros en Madrid, y un piso en Plasencia por 158.000 euros.

Se da la circunstancia de que uno de los acusados, que tenía bastante dinero en sus cuentas, también cobró del Instituto Nacional de Empleo una ayuda de 400 euros mensuales entre los años 2007 y 2010.

El fiscal pide para dos de los acusados nueve años y medio de prisión, y para cada uno de los otros 121, ocho años de cárcel. También se pide que el Estado se quede con el dinero bloqueado, las viviendas y coches pagados con los fondos procedentes de la venta de droga.