Extranjería tramita al año unos 2.000 expedientes de residencia y trabajo

Los asuntos de extranjería, en términos globales, «se han reducido después de los años de la crisis», explica Constantino Avilés, el recién incorporado jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno. Aquí se resuelven todos los expedientes de ciudadanos no comunitarios que trabajan o residen en la provincia de Cáceres, todos lo que vienen a estudiar a cualquier facultad de la provincia, igual que el personal investigador. Cualquier ciudadano europeo ha de pasar también por extranjería para obtener los certificados de registro.

La tipología más común de los trámites que se resuelven en esta oficina tienen que ver, tal y como apunta Avilés, con la reagrupación familiar de ciudadanos que obtienen la nacionalidad española. El carácter agrícola del norte de Extremadura que se cubre con mano de obra de ciudadanos marroquíes es otro de los asuntos más habituales de los que se encarga esta institución. La zona de Navalmoral y Talayuela acoge a muchas de estas personas.

Todo ciudadano extranjero requiere un permiso de trabajo para poder hacerlo, con carácter previo al inicio de la relación laboral. Un ciudadano comunitario, explica Avilés, tiene la obligación de, si va a residir al menos 90 días en España o realizar alguna actividad laboral, solicitar un certificado de inscripción que expiden la brigada de extranjería. Trabajar sin este certificado podría generar problemas administrativos, aunque legalmente una persona comunitaria tiene los mismos derechos que un nacional, «tenemos la obligación de que se inscriban para tener un control».

Islamofobia

Acerca del debate sobre el control de ciudadanos que se abre cada vez que un atentado golpea a la población como el ocurrido el pasado 17 de agosto en Barcelona, Avilés considera que los funcionarios como él tienen «que aplicar la ley». Apunta que en el momento en el que «el legislativo entienda necesario cambiar las normas nosotros nos atendremos a ellos, pero la cuestión de oportunidad y de tratar de mejor o peor manera a un país en función de un hecho tan luctuoso como eso no es asunto de un funcionario». Considera que los extranjeros lo son por no pertenecer a una nacionalidad concreta. «Las sanciones en cuestión de extranjería están tasadas, son cosas al margen de mi trabajo», explica.

Constantino Avilés (Cáceres, 1973) empezó en esta misma oficina en el año 2005 y ha pasado por las oficinas de Extranjería de Madrid y Sevilla. Ha estado en la consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha y en la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad de Andalucía. Su anterior destino fue la jefatura de servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la IV Zona de la Guardia civil en la ciudad de Sevilla.

Le gustaría «acercar la oficina a los propios ciudadanos extranjeros en primer lugar, nosotros estamos para ayudarles». También considera interesante el que se profundice el trato con el colegio de Abogados y de Graduados Sociales. «Que sepan que estamos aquí, para que se cree un clima de confianza». Cuenta que en muchas ocasiones más que a personas ven «papeles», y que «al extranjero muchas veces no le vemos, hacer una composición sobre si una persona tiene derecho a que su marido o su hijo venga a vivir con ellos desde miles de kilómetros de distancia, es muy importante, y hay que intentar no confundirse».

'Mou'

Acerca de casos concretos como el de Moumine Koné. 'Mou', el maliense que lucha por parar su orden de expulsión, explica que ahora se encuentra en el proceso de solicitar la unión de hecho de la Junta. «A partir de ahí debe pasarse por aquí para solicitar ser familiar de comunitario, si acredita tener medios económicos, en principio así conseguiría anular su orden de expulsión, esas son las últimas informaciones que tengo».