Agricultura crea una bolsa de tierras para cultivar 4.600 hectáreas de regadío en desuso

«Hablamos mucho de poner nuevos regadíos pero la realidad es que ya tenemos zonas regables que apenas se usan. Regadíos hay pero no se utilizan. La bolsa busca acabar con eso. Es una oportunidad para propietarios de parcelas que quieren arrendarlas o venderlas y para los demandantes que quieren cultivarlas. Es un proyecto pionero con buenas expectativas porque hay demanda en determinadas zonas», resume Manuel Mejías, secretario general de Desarrollo Rural y Territorio.

«Tenemos parcelas inutilizadas desde hace años pero hay proyectos de explotaciones de frutales que ya se conocen aquí. Son muy interesantes y viables. Tenemos la tierra y el agua. Falta la iniciativa. La bolsa de tierras es una excelente herramienta para incentivar nuevas explotaciones», añade Virginia Borrallo, alcaldesa de Jerez de los Caballeros.

La zona regable de Jerez (sus pedanías de La Bazana, Brovales y Valuengo, antiguos poblados de colonización) es una de las incluidas en esta bolsa. Ocupa una superficie de 1.739 hectáreas. El resto de zonas regables son la de la margen derecha del río Salor (Valdesalor, con 721 hectáreas); la de Casas de Don Antonio (202); Olivenza (606); Zalamea de la Serena (251) y, singularmente, la de Valdecañas.

La zona regable de Valdecañas es la más grande, con 6.515 hectáreas. Incluye a los municipios de Saucedilla, Casatejada, Almaraz, Belvís de Monroy y Serrejón. Desde la Junta se incide que ya hay peticiones de tierras tanto de jóvenes agricultores como de empresas para desarrollar cultivos de frutales y olivar.

Lo que hace la Junta con la bolsa de tierras de regadío es recopilar, revisar y validar las ofertas y demandas de compraventa o alquiler de tierras. También informa sobre la disponibilidad de parcelas de regadío en las zonas y «facilitamos el encuentro entre ofertantes y demandantes. Aportamos además asesoramiento gratuito y seguridad jurídica», agrega Mejías.

Hay que aclarar que las parcelas no son públicas sino privadas y que el Gobierno regional no interviene en los precios de arrendamiento o compra. Eso es asunto exclusivo de las dos partes.

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