UPA-UCE pide a la Junta que aclare las condiciones de trabajo en el campo tras la nulidad del convenio extremeño

«El convenio del campo ha sido un instrumento muy útil para el sector agrario en Extremadura, tanto para los agricultores y ganaderos como para los trabajadores, ya que ha ofrecido paz social y un marco regulatorio que garantizaba un trabajo digno y unas condiciones aceptables», destaca el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Desde esta organización agraria señalan que la pérdida de este acuerdo se debe «al intento de usurpar la representación de los agricultores por parte de Afruex», que siempre persigue favorecer los intereses de las centrales hortofrutícolas y no de los agricultores. «No tenemos los mismos intereses ni cuando nos compran la fruta ni en esto tampoco», mantiene Huertas.

Además, desde UPA-UCE Extremadura desmienten que la sentencia del TSJEx reconozca que Afruex cuenta con representatividad para sentarse en la mesa a negociar dicho convenio.

Esta organización agraria lamenta que los agricultores y trabajadores se enfrenten ahora a un panorama de incertidumbre sobre cómo hay que contratar y el salario a pagar. Además, este problema traerá como consecuencia una menor disponibilidad de mano de obra en un sector que ya tiene bastantes dificultades de este tipo. «Lo único que ha conseguido Afruex ha sido crear más incertidumbre y conflictividad en el campo», denuncia Huertas.

Discrepancias con la sentencia:

UPA-UCE ha mostrado varias discrepancias importantes con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya que fija la representatividad en base a los datos de un día, en concreto del 11-01-2019, una fecha en el que hay muy poca actividad en el campo y, por tanto, muchos agricultores y ganaderos no tienen gente contratada ese día.

Desde UPA-UCE apuntan que esta sentencia no ha tenido en cuenta el dato de estacionalidad del campo extremeño, muy marcada por determinadas campañas agrícolas y, por tanto, reclaman que la comisión negociadora se constituya en otra fecha del año para que se reflejen los verdaderos datos de representatividad de nuestra organización agraria.

«Está claro que esta sentencia amenaza y dificulta la realización de nuevos convenios del campo extremeño en el futuro», lamenta Huertas. Por ello, UPA-UCE está estudiando la posibilidad de presentar un recurso.

Mientras que se resuelve el problema, desde UPA-UCE recomiendan a los agricultores y ganaderos que, de momento, mantengan las condiciones actuales.

«Es necesario acabar con la incertidumbre de esta situación y por eso pedimos a las autoridades laborales que se pronuncien públicamente y por escrito sobre la condiciones de contratación que hay que cumplir a partir de esta sentencia», reclaman.